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La demanda por impago de pensión de alimentos

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Dentro del derecho de familia, uno de los conflictos más comunes es el relativo al impago de la pensión de alimentos. Aunque se puede dar en múltiples casos, el más ordinario es sin duda el de un hijo que, por sí solo o a través de su representante legal, exige al progenitor que no tiene su custodia alimentos a los que tiene derecho. En este artículo vamos a tratar todo ello, poniendo énfasis en las posibilidades y opciones a tratar para exigir judicialmente el pago de la pensión de alimentos.

Requisitos que debe de cumplir la pensión de alimentos para ser reclamada.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que a efectos de poder reclamar la pensión de alimentos con plenas garantías es necesario que esta se encuentre establecida o bien por vía de convenio regulador firmado ante notario (en el caso de hijos mayores de edad) o homologado ante los tribunales de justicia (en el caso de hijos menores de edad o con capacidades limitadas), o bien por sentencia de divorcio en la que se establezca la cuantía. De ahí la importancia de llevar a cabo convenios reguladores formales, aunque sea de mutuo acuerdo, poco tiempo después de que la separación o divorcio de la pareja se considere definitiva. Si la pensión de alimentos no se encuentra recogida de este modo será bastante más complicado reclamar judicialmente su impago.

El segundo punto importante es que el impago haya sido claro y duradero. Es cierto que se puede reclamar cualquier cuantía (incluso aunque sea solo una mensualidad), pero lo ideal es acumular varios meses para demostrar a los tribunales la falta total de voluntad de pagar del progenitor no custodio. Con tres o cuatro será más que suficiente para comenzar a moverse, aunque se puede ir solo con un mes sin ningún problema. Con respecto a un impago claro nos referimos a que se pueda demostrar. Para ello lo más cómodo es exigir que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, de forma que sea fácilmente comprobable si los ingresos han entrado o no. Los pagos en efectivo plantean problemas para ambas partes, que deben de fiarse de medios de prueba extraños (testigos, recibís, conversaciones, etcétera) para demostrar si se han pagado o no las cantidades.

Y como tercer requisito también es relevante que el derecho a reclamar esos alimentos no haya prescrito. El plazo que tiene este derecho es uno ordinario de cinco años, de forma que todas las reclamaciones que se realicen habiendo pasado más de cinco años sin haber interrumpido la prescripción podrán encontrarse con este obstáculo insalvable. ¿Qué es esto de la prescripción? Muy sencillo. Cualquier comunicación fehaciente (lo ideal es un burofax con acuse de recibo) en el que se le requiera al progenitor que no abona la pensión a que lo haga interrumpirá la prescripción, haciendo que el plazo comience de nuevo a contar por cinco años desde ese día.

Con todos estos requisitos, en principio, se podrán reclamar los impagos de la pensión de alimentos. Para ello existen dos formas posibles, que analizamos a continuación.

Demanda civil por impago de pensión de alimentos

La forma de tratar esta demanda es muy sencilla. Se demuestra ante un juez que existe una obligación de pago (una vez más, por convenio regulador formal o sentencia), se demuestra aunque sea a través de indicios dicho impago, se contabilizan las cantidades pendientes y se require a la contraparte a que las abone. Es un procedimiento muy fácil de llevar, en el que probablemente no haya que comparecer ante los tribunales y que se formaliza exclusivamente a través de prueba documental. En caso de que no exista una defensa clara a favor del impago los propios tribunales harán las averiguaciones pertinentes para intentar embargar los ingresos y el patrimonio del deudor, utilizando esos embargos para hacer pagar las cantidades.

Si el deudor es declarado insolvente (bien porque lo sea, bien porque simule esa situación) y no se consigue averiguar nada acerca de su patrimonio o ingresos esta vía servirá de poco. Cada cierto tiempo se podrá intentar averiguar la situación económica del deudor, pero si el estado de insolvencia se mantiene no se podrá hacer nada para reclamar estas cantidades. En estos casos suele ser mejor la segunda vía.

Denuncia penal por impago de pensión de alimentos

El impago de la pensión de alimentos puede ser un delito de abandono de familia según el artículo 227 del Código Penal español, de forma que esta opción puede ser útil para castigar a los deudores que incluso a través de los medios judiciales civiles rechazan realizar pagos para mantener a las personas que dependen de ellos. El impago, además de tener todos los requisitos que ya hemos establecido de forma genérica, debe de tener una duración mínima de 2 o 3 meses consecutivos o 4 o 5 no consecutivos, siendo la denuncia más efectiva cuanto más tiempo de abandono haya transcurrido.

El procedimiento es largo y complejo (puede durar en torno a dos o tres años, incluso más), pero con el tiempo puede hacer que el deudor sea castigado con penas de multa o incluso prisión para casos muy graves o con personas con antecedentes penales.

Conclusión.

La opinión de este despacho es que, salvo casos muy graves o en los que el deudor sea un posible o simulado insolvente, la mejor opción siempre será la de acudir por vía civil. Es una opción mucho más rápida y que busca no castigar al deudor sino recuperar el dinero de la forma más eficiente posible. Para el resto de casos la opción penal será válida, teniendo en cuenta que tampoco hay obstáculo para incluso interponer ambas reclamaciones judiciales al mismo tiempo. Será cada caso concreto y el interés principal del cliente lo que deba de decidir cual de todas las vías posibles llevar a cabo.

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